La Cámara de Diputados aprobó reforma en materia de lavado, que obliga a las dependencias federales, estatales y municipales, órganos autónomos, empresas publicas estatales y Alcaldías, a entregar, sin orden judicial, información que les sea requerida por Hacienda para sus indagatorias en la materia.
También se faculta a la UIF para ordenar la suspensión de operaciones con clientes sospechosos a empresas que llevan a cabo actividades vulnerables.
Reforma, 1 de julio de 2025.
