Aunque las autoridades están obligadas a prohibir que sus funcionarios extorsionen a ciudadanos y negocios, pidiendo “aportaciones” a cambio de no acosarlos, para el gobernador de Nuevo León, esta protección es un “trato preferencial” al que tendrán acceso las empresas que den al estado una “donación” económica.
Reforma, 22 de agosto, 2026.
