Antes de que iniciara el juicio, Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, sobreseyó o canceló el proceso al político hidalguense Gerardo Sosa Castelán por delincuencia organizada y lavado de dinero de 58 millones 245 mil 948 pesos, una parte con recursos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), en un fallo con alcance de sentencia absolutoria.
Lo anterior, pese a que Sosa Castelán no estaba privado de la libertad y, por tanto, no era un asunto considerado “urgente“.
Reforma, 28 de septiembre, 2024.